Los intereses que han impedido las reformas

Hoy se lleva a cabo en el Senado de la República el foro internacional “Nuevas iniciativas sobre la legislación de los medios de comunicación en América Latina, experiencias y desafíos” que organiza la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) del Senado en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert.

Este foro es oportuno, pues previo al inicio de periodo ordinario de sesiones en el Congreso, es importante que los legisladores que estamos relacionados con el tema de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión dejemos claras nuestras posturas y nos demos tiempo para escuchar la opinión de los académicos, tanto mexicanos como latinoamericanos.

Como he manifestado en otros espacios, desde que inicié mi gestión como Senador y secretario de la Comisión de RTC he impulsado reformas para la competencia real en telecomunicaciones y radiodifusión, el acceso universal a estos servicios (con costos menores a los actuales) así como la plena garantía del Estado al derecho a la información de los mexicanos.

He presentado iniciativas de ley para abrir la inversión en telefonía fija con el propósito de que entren más jugadores a competir en este sector y se reduzcan las tarifas por el uso de teléfono e internet. Presenté también la iniciativa de ley para garantizar derechos a los periodistas a través de la aplicación de la cláusula de conciencia en los medios periodísticos. Como integrante del Grupo Plural que se creo en el Senado para la actualización de la legislación en telecomunicaciones, participé activamente en la formulación de un proyecto integral de ley que fue retomado para crear la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales (LTyCA) presentado por el Grupo Parlamentario del PAN en ambas cámaras hace unos meses.

Sin embargo, tengo que señalar que en el camino nos hemos topado con intereses muy fuertes que no han permitido la modernización de nuestro marco jurídico. Estos intereses han influido el ánimo de los grupos parlamentarios quienes se han visto tibios en la promoción de estas reformas tan esenciales para el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos. Aún así, un grupo de legisladores y diversos sectores de la sociedad civil como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), seguimos creyendo que es posible lograr una reforma integral como la que se propone en la LTyCA.

No solamente debería ser un compromiso político sino también moral de los actores políticos apoyar una propuesta con estas características. Recordemos que desde el 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales --y por tanto inválidos— artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones luego de la controversia de 47 legisladores de todos los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Novena

Legislatura. Y no sólo eso, la SCJN estableció lineamientos claros para garantizar el pleno derecho a la información.

La LTyCA busca crear un marco jurídico, integral, vanguardista, convergente que fomente la competitividad pero que no se olvide de conceptos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de los consumidores y las audiencias.

Hago votos par que logremos el consenso necesario, ya que esta ley pondría a México a la vanguardia en telecomunicaciones y radiodifusión. Necesitamos poner bases sólidas para ser un país que enfrente exitosamente los constantes cambios tecnológico y pueda competir en el mundo en esta la llamada era de la información.

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